Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respuesta a exigencia ciudadana: Fernanda Rivera Sánchez

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Toluca, Méx, 17 de diciembre de 2015.- La diputada Fernanda Rivera Sánchez, afirmó que para combatir frontalmente la corrupción es necesario homologar la legislación estatal con la General de Transparencia como respuesta a las expectativas de la ciudadanía sobre una mejor y mayor transparencia de las acciones de sus autoridades y gobiernos.

En conferencia de prensa, previa a la presentación en tribuna de la iniciativa que tiene como fin constituir la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus Municipios, la legisladora panista señaló que de acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, el Estado de México se ubica en el segundo lugar con el mayor índice de corrupción con el 16.4 por ciento, únicamente por debajo del Distrito Federal que presenta el 17.9.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Fernanda Rivera Sánchez añadió que el Estado de México ocupa el vigésimo segundo lugar del ranking general del Índice del Derecho de Acceso a la Información (IDAIM), y se sitúa por debajo de la media nacional según el estudio de Centro de Análisis e Investigación A. C. Fundar, el cual mide la calidad de las leyes de transparencia y acceso a la información en México,.

A pesar de lo anterior, resaltó Rivera Sánchez, advertimos voluntad política por parte de los grupos parlamentarios representados en el Congreso local para superar esta realidad estadística, “y como muestra de ello está el aumento presupuestal destinado al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), quien para el ejercicio fiscal 2016 ejercerá más de 100 millones de pesos.

En este sentido, confió que la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus Municipios, sea una respuesta a las necesidades de la sociedad mexiquense sobre su derecho de acceso a la información pública, y establezca las bases para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado de México y sus municipios.

Finalmente, dijo que con esta propuesta se busca contar con un gobierno abierto que permita el escrutinio público de las actividades de la administración estatal y municipales; reducción en los plazos de tiempos de respuesta a la ciudadanía,  establecer un sistema de medios de impugnación en materia de acceso a la información armonizándolo con la normativa federal, así como criterios para la interpretación de la Ley por parte del Pleno, entre otras.

 

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