Durante los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las mexicanas siguieron enfrentando violencia feminicida, sexual, en el hogar y en la calle, pero al mismo tiempo vivieron los impactos por la pandemia de COVID-19 y el movimiento feminista sortea un discurso estigmatizante.
Esa fue una de las reflexiones de la directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Yésica Sánchez Maya y de la directora de Amnistía Internacional, sección México, Edith Olivares Ferreto, durante su participación en el diálogo virtual “Derechos Humanos en México. Un balance a mitad del sexenio del gobierno de López Obrador“, que organizó este jueves la Fundación Heinrich Böll.
En este encuentro, realizado para analizar la violencia contra las mujeres, las niñas y personas LGBTIQ, las participantes expusieron que en este tiempo las mujeres han tenido que defender los recursos ante los recortes presupuestales, manifestarse contra la violencia y la militarización y defender su derecho a una vida libre de violencia y a decidir sobre su cuerpo.
Entre 2018 y 2020, más de 11 mil 200 mujeres y niñas fueron asesinadas en todo el país, es decir, en promedio once al día. En el mismo periodo al menos 288 personas de la comunidad LGBTIQ fueron víctimas de crímenes de odio. En este contexto la sociedad civil y las mujeres han protestando contra la violencia, y desde 2019 realizan manifestaciones a gran escala.
En este ciclo de mesas de reflexión, que continúan este 1 de abril, Edith Olivares Ferreto detalló que en México como en el mundo la pandemia por COVID-19 y el confinamiento representó un grave riesgo para mujeres, niñas y comunidad LGBTI. Por ejemplo, las víctimas de violencia en el hogar tuvieron que quedarse en casa y convivir con sus agresores.
Si bien en México se determinó que durante la pandemia los servicios de atención a víctimas y de procuración e impartición de justicia eran esenciales, es decir, no podían suspenderse, hubo cierre de agencias del Ministerio Público porque no había personal para atender a las usuarias. A la par la violencia creció, como lo demuestra el incremento de las llamadas de emergencia al 911.
A pesar de esta realidad, expuso la defensora, durante 2020 el presupuesto para garantizar los derechos de las mujeres estuvo en latente riesgo. Amnistía Internacional, junto con la Red Nacional de Refugios, Equis Justicia para las Mujeres y las Casas para Mujeres Indígenas lanzaron una campaña para evitar el recorte de los recursos.
En estos años también destaca que el Gobierno de la República, en voz del presidente López Obrador ha denostado a las organizaciones feministas, a quienes ha calificado de conservadoras, a pesar de que éstas son las que se activaron durante la pandemia y hasta brindaron servicios que el Estado no pudo dar.
Por su parte Yésica Sánchez Maya afirmó que la pandemia ahondó la crisis de Estado de Derecho que vivía México, la violencia generalizada contra mujeres, niñas, niños y personas migrantes. Prácticamente, dijo, dos de tres años del actual gobierno han sido en pandemia y eso es fatal porque el sistema simuló que los derechos de las mujeres les preocupaba.
Agregó que si bien había instituciones para atender a la población, incluso en enero de 2020 el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó ante el Congreso el tipo penal fe feminicidio señalando que no servía para atender la violencia contra las mujeres. A decir de Sánchez Maya, así comenzó el debilitamiento de la lucha por una vida libre de violencia.