Los ciudadanos indígenas: Luis Ángel Ortíz Montoya, Celia Vargas González, Paula Vargas González y Berenice Vargas González recibieron una notificación para presentarse en el Juzgado de Barrientos el día jueves 17 de este mes a las 3:45 pm, debido a que están siendo acusados de despojo y robo del Centro Cultural Comunitario «Casa Leonila González Torres».

El predio, fue donado al pueblo por su legítima propietaria, quien fuera madre de las Acusadas Celia y Paula Vargas González, denunciaron los afectados.

La Señora Leonila (+), en vida acreditó ante la delegación del pueblo indígena de San Francisco Magú y los colindantes (y también ante el mismo MP de Nicolás Romero) la propiedad con la escritura de su madre, quien le hereda el predio dentro del que se encuentra la casa comunitaria.

Sin embargo, un ciudadano de Nicolás Romero ha pretendido apropiarse de la casa mediante la invasión ilegal y tratando de obtener firmas de los vecinos de forma engañosa, pero no lo ha logrado porque no acredita la propiedad y los vecinos han cuidado la casa.

En 2014 demanda a la señora Leonila (+)  ante el MP y no logra tampoco acreditar la propiedad pues presentó únicamente una constancia de domicilio de Nicolás Romero y notas de remisión de materiales de construcción que en ningún lado acreditan a nadie como dueño.

En el 2020 inició otra demanda por el mismo delito de despojo y robo, pero el MP nunca notificó a los demandados y no tenían conocimiento de ello hasta apenas hace un par de días, sin embargo, se desconoce aún el contenido de esa carpeta de investigación.

Los demandados ni siquiera conocen el contenido de la demanda que ahora ya está en manos del juez de Barrientos.

Lo grave de esta situación tan injusta es que, si la acusación es de despojo y robo con violencia, la ley dice que nuestros vecinos tendrán que enfrentar el proceso en prisión.

Este viernes el MP pidió que se presentaran en Nicolás Romero, les dio la primera cita desde el 2020 para que el día miércoles 16 nuestros vecinos lleven sus pruebas. pero no les han dado una cancelación de la audiencia por escrito.

Por ello, organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, pidió apoyo para acompañarlos durante el proceso si es que el miércoles no se obtiene la cancelación y que el juez se dé cuenta que no están solos y que Magú no va a permitir que invasores nos despojen de propiedades que no acrediten.