Luis Ángel Nicolás Santos, ex Director de Seguridad Pública del municipio de Tlatlaya, obtuvo una sentencia de 50 años de prisión por su participación en el delito de secuestro exprés en agravio de dos personas.
La condena fue dictada el pasado 9 de julio por un Tribunal de Enjuiciamiento en Almoloya de Juárez, tras acreditarse que el exfuncionario participó en los hechos ocurridos el 21 de agosto de 2024, cuando las víctimas fueron privadas de la libertad mientras transportaban mercancía en la carretera Tlatlaya-Cerro del Campo, paraje conocido como Puerto Frío.
Según la investigación, Nicolás Santos interceptó el vehículo y, mediante el uso de la fuerza, obligó a las víctimas a descender. Posteriormente, fue acompañado por varios sujetos vestidos con ropa tipo militar y armados, presuntamente pertenecientes a un grupo criminal con presencia en Michoacán, quienes se apoderaron de la carga y se dieron a la fuga.
El ahora sentenciado fue detenido en septiembre de 2024, en el contexto de la Operación “Enjambre”, que fue lanzada por la FGJEM tras la desaparición del Comisario de Seguridad Pública de Temascalcingo, Agustín “N”, y su escolta, Juan Carlos “N”.
Como resultado de estas investigaciones, la Fiscalía ha identificado y procesado a servidores públicos municipales vinculados con grupos delictivos de alto impacto. Entre los detenidos en esta operación se encuentran:
• Eulises “N”, Director de Seguridad Pública de Acambay
• Juan “N”, Comisario de Coatepec Harinas
• Carlos Alberto “N”, Director de Seguridad Pública de Aculco
• Luis Ángel Nicolás Santos, ahora sentenciado
La FGJEM precisó que estos funcionarios se valían de sus cargos para facilitar actividades criminales, incluyendo extorsiones, secuestros y protección a grupos delictivos con presencia en Michoacán y Jalisco.
De manera particular, se confirmó que Luis Ángel Nicolás Santos mantenía vínculos directos con José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, uno de los líderes delictivos de mayor influencia en la región.
La Operación “Enjambre” continúa como una estrategia integral para desmantelar redes de colusión entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, y ha resultado hasta el momento en 60 detenciones por diversos delitos de alto impacto.