Tener derecho al agua, garantizar su acceso y contar con una justicia hídrica, es la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PRD, durante la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD, presentó la iniciativa con proyecto decreto donde se adicionen tres párrafos al artículo 5 de la Constitución Política Libre y Soberano de México, para garantizar el derecho y accesibilidad al vital líquido.

“Existe una problemática estructural en las cuales el agua es considerada como un bien económico y como mercancía, más que como un recurso vital para el ser humano.

“El pago por el servicio ambiental (PSA) agrega un valor al cuidado ambiental, es decir, el cuidado del agua se valora en el sentido que eso genera mejores rendimientos y utilidades para las empresas”, expuso Ortega Álvarez.

Señaló que se vende más caro un producto por el hecho de que sus procesos, cuidan el flujo natural del agua, o en su defecto, pagan por el daño. Esta mercantilización y capitalización del medio ambiente, no tiene interés en cuidar o asegurar el acceso al agua, sino buscar mejores condiciones comerciales.

Ejemplificó que en el 2021 una pipa de agua costaba mil 079 pesos por 10 mil litros de agua y la concesión a una refresquera al año, cuesta 2 mil 600 pesos.

Dicha propuesta plantea adicionar quinto, sexto y séptimo párrafo recorriéndose los párrafos subsecuentes, quedando de la manera siguiente:

– Toda persona tiene derecho al agua como líquido vital, inherente al ser humano como recurso proveedor de vida, y como patrimonio social, natural y cultural.
– El derecho al agua debe garantizar que el líquido sea accesible, suficiente, asequible y de calidad para todos sin distinción alguna.
– El Estado de México debe asegurar el cumplimento de este derecho, y garantizar justicia hídrica, como la capacidad del estado para proteger las aguas no potables, y las potables para el uso humano, garantizando además la restauración de los daños producidos al líquido, y a la infraestructura que lo transporta.

De acuerdo con estudios de la UNAM, hace 30 años había una disponibilidad aproximada de 18 mil metros cúbicos de agua por persona y actualmente se estima que esa cifra se redujo a poco más de 3 mil metros cúbicos.

“Lastimosamente los particulares se han sobrepuesto al interés colectivo, de forma que los grandes corporativos e industrias han acaparado el líquido para su propio beneficio, restringiendo las posibilidades de una repartición más justa y equitativa del agua”, comentó Ortega Álvarez.

Por ello, invitó a sus compañeros de dicha comisión para garantizar la justicia hídrica y enriquecer la propuesta para cimentar futuras reformas y generar políticas públicas para prevenir una futura sequía.