La empresa ALCER Alimentos S.A. de C.V, que se dedica a la cría de aves de consumo, ubicada en el municipio de Chicoloapan, denunció a la alcaldesa Nancy Gómez por presuntamente quererlos extorsionar y abusar de sus poderes como funcionaria pública.

La denuncia también involucra al Tesorero municipal, Manuel Alejandro Méndez Prado.

El representante legal de la empresa ALCER Alimentos S.A. de C.V., Saúl Martínez Morales, estableció que ya se hizo una denuncia contra los servidores públicos de Chicoloapan, por presunto abuso de autoridad, cohecho, corrupción y obstrucción a la inversión.

Afirmó que la denuncia se hizo porque estos funcionarios exigen que se les haga un pago, en efectivo, de 300 mil pesos, por un supuesto adeudo de agua potable, lo cual es imposible e inaceptable que se tenga que realizar.

«Se les explicó que, por la falta constante y carestía del líquido vital, en ambas granjas se abastece de agua mediante pipas, únicamente para la engorda de pollos, desde hace más de treinta años”.

Y que, de hecho “los medidores fueron retirados por la administración municipal desde hace más de quince años, por lo que lo único que se paga es la descarga de aguas grises, del uso de los baños del personal encargado de las granjas”.

A pesar de que, a la autoridad se le explicó la situación y el motivo por el que no debería haber ningún adeudo, aun así, insisten en que “Se les pague esa fuerte cantidad y en efectivo, con la amenaza de que, si no se cubría dicha cantidad, no expedirían licencias de funcionamiento para el ejercicio fiscal 2022, por instrucciones de la Presidenta Municipal”, dijo.

Recordó que las autoridades promovieron procedimientos administrativos en contra de las granjas de cría de pollos, para obligarlos a pagar esa fuerte cantidad, por ese presunto adeudo por concepto de agua potable y descargas de aguas.

Por último, aclaró que las granjas de engorda de pollos de la empresa ALCER Alimentos S.A. de C.V., operan en el municipio de Chicoloapan desde hace más de 40 años, por lo que, de facto y de manera tácita, tienen derechos adquiridos, los cuales están siendo violentados por las actuales autoridades municipales.