La candidata priista a la presidencia municipal de los Reyes La Paz, Cristina González debe ser sancionada por las autoridades electorales y debe de renunciar a su candidatura, debido a que presumiblemente está utilizando recursos públicos y de funcionarios municipales para promoverse políticamente.
Denunciaron en conferencia de prensa, Josúe Carmona, Tranquilino Lagos y Héctor Estrada representantes de la candidata a Diputada Local, Selina Trujillo; de la aspirante a presidenta municipal de MORENA-PT-PVEM, Tranquilino Lagos y del aspirante a un cargo de elección respectivamente,
Frente a representantes de medios de comunicación, subrayaron que Cristina González, utiliza el cargo de presidenta municipal para reelegirse, incluso algunos otros servidores públicos y aspirantes en la planilla están condicionando los servicios de agua potable, electricidad y vivienda para que voten por ellos.
Es por ello, que exigieron que los órganos electorales deben intervenir y ante las irregularidades cometidas por la candidata priista, tanto el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para deslindar responsabilidades.
Los declarantes señalaron que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) tiene una serie de observaciones sin comprobar de la administración, en el año 2021 no ha justificado cerca de 105 millones de pesos; del 2022 alrededor de 655 millones de pesos; mientras que en 2023 las obras fueron asignadas de forma directa y se están realizando en el proceso electoral sin tener una justificación del gasto.
«Estamos viviendo una elección de estado en Los Reyes la Paz donde la candidata priista, sigue presentándose como presidenta al utilizar a la policía municipal, trabajadores del ayuntamiento y están condicionando el reparto de agua a favor de ellos», dijeron.
Este municipio parece tierra de nadie al tener un 13 por ciento en el robo de vehículos, 200 por ciento incremento el secuestro; mientras que el despojo hay 257 casos es decir hay mucha inseguridad.
José Antonio Hernández Ramírez/eje19