La Secretaría de Seguridad (SS) a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, realizó el traslado a diferentes penales mexiquenses de nueve Personas Privadas de la Libertad (PPL) identificadas como supuestos integrantes de una célula dedicada a extorsionar a otros internos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Nezahualcóyotl-Bordo; cabe señalar que estarán sujetas a medidas especiales de vigilancia y seguridad.

La movilización se registró durante la madrugada de este jueves, en la que se concentró a Fabián “N” conocido como el «Adrian»; Julián “N”; Luis Jesús “N”; Juan Ignacio “N”; Víctor Hugo “N”; José Daniel “N”; Trinidad “N”; José Luis “N” y Juan Enrique “N”, hombres que pugnan una sentencia o proceso judicial y que al parecer intentaban formar un grupo de poder para extorsionar a las demás PPL.

Mediante una investigación efectuada por personal de inteligencia penitenciaria, se detectó que la célula estaba encabezada por Víctor “N”, quien aparentemente intentaba construir una estructura delictiva al interior del Centro Penitenciario. A través de esta organización quería generar ingresos económicos, influenciar y tener mayor presencia mediante cobros ilegales.

La supuesta estructura funcionaba por tres subliderazgos, el primero encargado de recibir las ganancias de las extorsiones; el segundo seleccionaba a los internos que serían amedrentadas para pagar y el tercero enfocado en la coordinación y contratación de personas al exterior.

En este sentido y de acuerdo con las averiguaciones, se identificaron por lo menos a 33 personas que operaban fuera del CPRS, quienes aparentemente realizaban labores de “halconeo” e intimidación de familiares; acciones por las cuales supuestamente recibían un pago. Es importante destacar que esta información fue turnada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a fin de continuar las indagatorias.

El traslado se efectuó acorde a los protocolos establecidos y con apego irrestricto a sus derechos; en tanto, la dependencia reitera su política de cero tolerancia contra aquellos que incurran en actividades ilícitas y vulneren el orden al interior de los penales mexiquenses, por lo que no permitirá bajo ninguna circunstancia la formación de grupos de poder; además, en todo momento atenderá las denuncias de abusos de las PPL.