Las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo presentaron iniciativas de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, ambos del Estado de México, para incorporar los conceptos de violencia digital y mediática, agravar las sanciones de prisión por estos delitos y para establecer que agresores sexuales reciban tratamiento psicológico obligatorio.

De acuerdo con la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, se plantean penas de dos a seis años de prisión en contra de quien, con la anuencia del sujeto pasivo, haya obtenido imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótico, sexual, íntimo o pornográfico, sea este real o simulado; y las revele, publique, difunda, exponga, distribuya, comercialice, oferte, intercambie o exhiba sin consentimiento de la víctima, a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación.

También pide sanciones de cuatro a ocho años de prisión en contra de quien coaccione, hostigue o exija a otra persona, la elaboración o remisión de imágenes o grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótico, sexual, íntimo o pornográfico, sea este real o simulado bajo la amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento el material de la misma naturaleza que previamente la víctima le haya compartido directamente o que haya obtenido por cualquier otro medio.

Además, plantea reglas para la operación del Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La propuesta será dictaminada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Declaratorias de Alerta de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.

Tratamiento psicológico obligatorio para agresores de mujeres
Por su parte, la diputada Claudia Desiree Morales Robledo propuso reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal, ambos del Estado de México, para que se brinde tratamiento psicoterapéutico, psicológico y psiquiátrico gratuito a los responsables de los delitos de lesiones, violación, y homicidio doloso, violencia familiar, incesto, hostigamiento y acoso sexual, estupro, abuso sexual y feminicidio.

De acuerdo con la propuesta, en cuyo diseño colaboró la Fundación Esperanza M&M, para que la reparación del daño sea plena y proporcional a la gravedad del daño, la indemnización incluirá el pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de su salud física y psicológica.