Las alumnas de las universidades del país enfrentan el regreso a clases presenciales en medio de hechos de violencia sexual y acoso, por lo que reiniciaron las protestas feministas y ahora buscan evidenciar que los protocolos de atención a la violencia de género y de los acuerdos alcanzados durante las movilizaciones previas al COVID-19, no se han cumplido.
Desde que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el resto de las universidades públicas del país iniciaron el regreso a clases presenciales en enero de 2022, han ocurrido distintos hechos de violencia contra las alumnas. Esto sucede a pesar de que sus protocolos para la atención a la violencia de género llevan tres años de existir y de que antes del confinamiento por la COVID-19, la toma de instalaciones y las protestas por parte de las alumnas consiguieron el compromiso explícito de las más altas autoridades universitarias de erradicar, atender, prevenir y sancionar la violencia contra las estudiantes.
Por ejemplo, en marzo pasado se dio a conocer en medios de comunicación que una alumna de 15 años de edad fue violada sexualmente por cinco compañeros y un adulto. De acuerdo con lo que declaró inicialmente la familia, la joven tenía signos de haber sido drogada y violentada; los hechos ocurrieron al interior de un baño de la vocacional número 7 del IPN, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Tras darse a conocer esto, el IPN informó a la familia de la estudiante sobre lo sucedido y entrevistó a las personas involucradas, incluyendo a la denunciante. Días después, el IPN dijo que, tras investigar, se determinó que “no existió el presunto delito” y que, en consecuencia, no había indicios de “una conducta que causara perjuicio a la alumna”. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por su parte, informó a medios que ya investigaba el caso.
Es de recordar que en enero de este año el IPN tuvo que ofrecer una disculpa pública a la familia de María de Jesús Jaimes Zamudio, quien fue alumna de la carrera de Ingeniería Petrolera de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán, y víctima de feminicidio en enero de 2016, presuntamente por un profesor y un estudiante de esa casa de estudios.
La respuesta del IPN ante la violación este 2022 de la estudiante provocó una ola de manifestaciones estudiantiles en la Rectoría, las cuales derivaron en que las autoridades universitarias se reunieran con las manifestantes y firmaran acuerdos para atender y acompañar las denuncias particulares de otras cuatro estudiantes.
Como se dio a conocer en una nota de (7 de abril de 2022), desde 2019 el IPN se comprometió en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a generar acciones por la integridad y seguridad de las estudiantes y maestras de ese recinto educativo. Esto porque a lo largo de ese año, la Comisión de Igualdad de Género recibió 12 denuncias de alumnas y profesoras de ese instituto por hostigamiento, acoso, amenazas y una presunta red de explotación “disfrazada de grupo de estudio”. En diciembre de ese 2019, bajo la dirección de Mario Alberto Rodríguez Casas, el IPN publicó el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género, con el compromiso de consolidar espacios educativos y laborales libres de violencia y atender problemáticas relacionadas con la comunidad politécnica.
No obstante, Diana, exalumna de la ESIA, Unidad Ticomán, que fue entrevistada en días pasados por Cimacnoticias (7 de abril de 2022) no conoce un sólo caso en el que el protocolo de género haya sido aplicado. Diana egresó en 2017 de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura pero en agosto de 2019 —año en el que volvió a tener contacto con la institución por sus trámites de titulación—, recibió insinuaciones sexuales por parte de un compañero a través de mensajes de Facebook. Si bien en su momento la joven decidió no denunciar, en febrero de 2020 fue invitada por algunas compañeras a hacer pública a través de un “tendedero” cualquier situación de acoso o abuso que hubiera vivido por parte de alumnos o docentes.
Diana llevó capturas de los mensajes que recibió. Gracias al tendedero se enteró de que el mismo compañero le había hecho lo mismo a al menos 10 compañeras más, además de que conseguía fotografías íntimas de las estudiantes para difundirlas entre los alumnos, y en grupos y páginas de internet. Al enterarse, las mujeres decidieron presentar una denuncia colectiva ante Arturo Ortiz Ubilla, director de la ESIA en ese entonces. Diana dejó en claro que la institución se “lavó las manos” argumentando que eso era un asunto que debía ser resuelto fuera de la escuela, además de que no se aplicó el protocolo de género. La exalumna también dijo que gran parte de la comunidad universitaria no conoce el protocolo de género, pues las autoridades no le dan difusión debido al hermetismo con el que manejan el tema de la violencia de género. Esta situación dio paso a que las consejeras estudiantiles iniciaran con la creación de un comité de género que aún no entra en funciones.
El IPN no ha logrado garantizar la seguridad de las estudiantes ni dentro ni fuera de sus instalaciones, ya que el pasado 28 de marzo de este 2022, la estudiante de la vocacional 14, Valery Wianey Marín López, también de 15 años de edad, desapareció al salir de clases sin que hasta hoy haya información sobre su paradero.
Pero el IPN no es la única institución que enfrenta esta problemática. En otro hecho, el colectivo Brujas Insurrectas, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –donde este 2022 se destituyó al presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo López Betancourt, por estar acusado de hostigamiento sexual–, denunció un caso de agresión sexual e intento de violación cometido por trabajadores en las instalaciones de la universidad, el pasado 24 de marzo. Las alumnas también denunciaron amenazas escritas en los baños de los hombres en los que se explicita la intención de agredir sexualmente a las alumnas. A la denuncia de las alumnas de la FES Acatlán se sumaron las del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, quienes denunciaron que las jóvenes eran videograbadas en los baños de una Miscelánea ubicada frente al CCH.
Por estos hechos, estudiantes de ambos recintos educativos de la UNAM iniciaron una movilización el pasado 6 de abril y dirigieron un escrito al director de la FES Acatlán, Manuel Martínez Justo, para exigirle mayor seguridad en todos los accesos del plantel; la implementación de botones de pánico en puntos estratégicos y baños; el monitoreo constante a todas las áreas de la facultad; la remoción de Yareth Pérez Salgado, jefa de la Oficina Jurídica y a quien acusaron de revictimizar a la alumna agredida.
También se pidió la implementación de programas de atención a víctimas de violencia; la sanción o expulsión, según sea la gravedad, de quien haya participado en la revictimización de alguna persona de la comunidad; la implementación de gafetes al personal que labora dentro de las instalaciones, la creación de cursos para capacitar en temas de género, la organización de talleres de defensa personal para mujeres con el objetivo de garantizar su seguridad y, finalmente, la difusión de los protocolos de seguridad existentes, ya que consideran que el alumnado no los conoce debido a que no hay difusión de los mismos.
Como parte de la movilización, las profesoras de estos planteles argumentaron ante las alumnas que la UNAM “no podía hacer nada”, ya que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) es quien “protege al agresor”.
En 2020, estudiantes, trabajadoras y la Secretaria de la Mujer del STUNAM entrevistadas por Cimacnoticias (10 de febrero 2020) aseguraron que hay negociaciones de este sindicato con autoridades universitarias, por lo que el número de agresores expulsados es bajo. En particular, la entonces titular de la Secretaría de Acción de la Mujer del STUNAM, Mary Carmen Larralde Hurtado, una de las cuatro mujeres que integran el Comité Ejecutivo conformado por 19 secretarías, aseguró que en 2017, el Secretario General, Agustín Rodríguez Fuentes, pidió a la Oficina de la Abogada General que no se incluyera el Protocolo de Atención a Casos de Violencia contra las Mujeres en las audiencias de investigación administrativas, ello a pesar de que 18 por ciento de los agresores denunciados en el último año en la UNAM resultó ser personal administrativo.
De acuerdo con lo que dijo Marralde, el argumento fue que ese mecanismo es una legislación que no está considerada el Contrato Colectivo de Trabajo. La Secretaria dijo que en otra reunión con la abogada, Rodríguez Fuentes pidió y acordó que en lugar de rescindir contratos se suspendiera temporalmente a los agresores. De acuerdo con Larralde, estas negociaciones han obstaculizado que la UNAM cumpla una de las principales exigencias de las alumnas: dejar de proteger y sacar a los agresores de la universidad.
Las estudiantes de la FES Acatlán y del CCH Naucalpan acudieron a las oficinas del sindicato en donde nueve representantes les explicaron que su órgano no tenía injerencia, pues quien sanciona es la universidad luego de determinar que la persona es culpable. Además, las autoridades y el sindicato mencionaron que no tenían conocimiento de los cómplices y que sólo tenían identificado al agresor.
Esta situación no es exclusiva del centro del país sino que se replica en las entidades. Por ejemplo, estudiantes de la Universidad de Colima (Ucol) se manifestaron en marzo pasado porque la universidad mantenía impune a un profesor de danza que habría ejercido violencia contra varias alumnas. Luego de las protestas, la Ucol dio a conocer que recibió 24 quejas, entre individuales y colectivas, 12 contra este profesor, 8 contra dos estudiantes y 4 contra otro profesor.
A la par, en la Universidad de Juárez, en Durango, una de sus alumnas fue amenazada por uno de sus compañeros a quien se denunció por abuso sexual. El agresor se habría acercado a la joven en un auto y le apuntó con una pistola, por lo que la joven activó un botón de pánico. La Universidad dijo que no tolerará ningún acto de violencia y dijo que ya atendía el caso.
Además de lo que las autoridades universitarias han señalado para cada uno de los casos, la Secretaría de Educación Pública ni las comisiones de Educación e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se han pronunciado al respecto de estas violencias.
(Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimacnoticias Foto:César Martínez López)